EL SINDICATO DE JUDICIALES ENDILGA A LA FUNCIONARIA LA MUERTE DE TRABAJADOR POR MALOS TRATOS.
Roxana Romero : Inician Juicio Político a la fiscal de Paso de los Libres
El Jurado de Enjuiciamiento se constituirá hoy a las 8 en el Salón Auditorio ubicado en el noveno piso del edificio del Poder Judicial ubicado sobre calle 9 de Julio intersección con San Juan. La acusada se notificará de los cargos en su contra y podría prestar declaración.
El Juicio Político contra la fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores Nº1 de Paso de los Libres Roxana Beatriz Romero iniciará hoy a las 8 en el noveno piso del edificio del Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura la suspendió en febrero último tras imputarle el cargo de mal desempeño en sus funciones. La Fiscalía General se pronunció en igual sentido. El gremio la acusa por la muerte de un trabajador bajo su responsabilidad, víctima de violencia laboral.
La situación de Romero finalmente empieza a tomar el cauce demandado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) y el Colegio Público de Abogados de Corrientes. En el Salón Auditorio del Poder Judicial, el Juri habilitará formalmente la instancia de Juicio Político contra la ya suspendida funcionaria durante las primeras horas de esta mañana.
El también denominado “Jury” de Enjuiciamiento, integrado constitucionalmente por un miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un Juez elegido por voto directo de sus pares para tal efecto, y un abogado designado mediante la misma modalidad antes mencionada, a quienes se suman para completar el Cuerpo un profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNNE, más dos diputados y un senador, provinciales; procederá en esta jornada a dar lectura por Secretaría de las acusaciones formuladas contra la Fiscal de Libres.
Al tratarse de un procedimiento similar al Penal ordinario, tras la lectura de los cargos, el tribunal dará la posibilidad a Roxana Romero de hacer declaraciones al respecto. Se trata más bien del derecho a ejercer la facultad de hacer el descargo, o bien abstenerse de realizarlo, sin que ello implique presunción de culpabilidad en su contra.
En resumidas cuentas, así sería el comienzo “ideal” de este proceso de juicio político que prevé luego otras instancias más como el de generación de pruebas y declaraciones de en principio unos 18 testigos propuestos.
El mentado “mal desempeño en sus funciones” imputado por el Consejo de la Magistratura el mes pasado y luego refrendado por el Fiscalía General se compone de varios hechos acreditados fehacientemente por esos organismos. En las denuncias realizadas por SITRAJ a partir de 2009, reporta situaciones de acoso psicológico, autoritarismo y maltrato laboral para con el personal de las distintas dependencias en las que Romero había trabajado. Indicó “actitud de hostigamiento y tortura psicológica permanente, producto de una intolerancia en el trato y de una incapacidad para ejercer la función, provocando en varios compañeros diferentes afecciones de salud, que se tradujeron en múltiples pedidos de licencias por enfermedad de aquéllos”.
Luego hizo énfasis en la muerte de Flavio Ariel Cabrera, de 35 años, quien falleció “no por causas naturales, sino a raíz del diagnóstico de úlcera duodenal perforada que, no obstante obedecer a múltiples factores, fue facilitada por el ambiente laboral insalubre en el que le tocó desempeñarse, sometido a una constante presión psíquica a las órdenes de la Fiscal”. Ésta, a su vez, lo negó todo.
Una década con la denuncia frenada en Diputados
La Cámara de Diputados mantiene en el limbo jurídico 31 pedidos de juicio político. La persona más afectada por esta decisión de los legisladores es la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de capital, Graciela Elizabeth Ferreyra, expediente que cumple hoy 10 años de reserva en Secretaría.
Así como Ferreyra esa resolución su colega de Goya Lucio Raúl López Lecube, espera hace nueve años una definición.
Un registro detallado de los 31 pedidos que se mantienen en la Secretaría de la Cámara baja, muestra que muchos de ellos pueden considerarse abstractos como los 17 expedientes en los que figura el jubilado Ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Juan Carlos Codello; los nueve en los que aparece Carlos Rubín.
No sólo estos magistrados aparecen en la lista que los diputados decidieron mantener abiertos, lo que en “off the récord” los jueces y funcionarios judiciales consideran “la espada de Damocles” para ellos.
Otros Ministros del STJ que aguardan definición son Guillermo Semhan, ocho expedientes, Alejandro Alberto Chain, seis y Fernando Niz en cuatro, el último para Niz ingresó el 18 de marzo. El Fiscal General, Pedro César Sotelo, aparece en siete. Hay presentaciones en las que aparecen en simultáneo varios magistrados, por eso son 31.
“La Reserva en Secretaría es un novedoso método que la legislación no prevé, porque establece plazos concretos de desarrollo del juicio político, para evitar que se conviertan en expedientes imprescriptibles”, afirman en Tribunales.
Lunes, 30 de marzo de 2015
