Aduana paralela
Conflicto entre Corrientes y Misiones llega a La Corte Suprema de Justicia
La disputa entre la histórica empresa Establecimiento Las Marías y la provincia de Misiones dejó de ser un simple reclamo tributario para escalar a uno de los conflictos fiscales e institucionales más relevantes de los últimos años en la Argentina. Lo que comenzó como una controversia por la aplicación de Ingresos Brutos hoy pone en tensión no solo a una firma con peso en la economía regional, sino también a dos provincias y al propio sistema federal.
En el centro del conflicto aparece un dato que grafica la magnitud del problema: la compañía sostiene que el régimen de anticipos impositivos aplicado por la agencia tributaria misionera equivale a haber pagado por adelantado más de 300 años de impuestos. La estructura cuestionada incluye retenciones bancarias, percepciones sobre mercadería, detracciones a clientes y pagos adicionales sobre plantas industriales, un esquema que desde el sector productivo se denomina hace tiempo como una “aduana paralela”.
Según la presentación judicial, Las Marías sufre detracciones mensuales cercanas a los 333 millones de pesos desde sus cuentas bancarias, mientras que su obligación real por Ingresos Brutos ronda apenas los 2 millones. Al proyectar estos mecanismos en el año, los anticipos alcanzan cifras millonarias muy por encima de la carga tributaria efectiva, lo que para la empresa configura un escenario de clara desproporción y carácter confiscatorio.
Desde la firma argumentan que no se trata de un sistema de recaudación, sino de una forma de financiamiento forzado a costa del capital de trabajo privado. Esta situación, aseguran, no solo afecta sus balances, sino que condiciona decisiones estratégicas.
El conflicto tomó una dimensión aún mayor cuando comenzó a impactar en inversiones previstas en Corrientes. La empresa había adherido a programas provinciales para expandir su producción yerbatera y tealera, pero la presión fiscal de Misiones —según sostiene— generó una falta de previsibilidad que obligó a frenar proyectos, con consecuencias directas sobre el empleo y el desarrollo regional.
Ante este escenario, Corrientes decidió intervenir en la causa como tercero interesado, al considerar que la política tributaria de una provincia vecina estaba neutralizando sus propios incentivos productivos. En su planteo, advirtió que el esquema misionero afecta su autonomía y genera riesgos sobre la actividad económica y el sistema financiero.
Así, el caso dejó de ser una disputa entre un contribuyente y un fisco para transformarse en un conflicto de alcance federal. La discusión de fondo es hasta qué punto una provincia puede aplicar regímenes de percepción anticipada sin interferir, en términos económicos, en la política de desarrollo de otra jurisdicción.
El expediente tuvo un primer fallo cautelar favorable a la empresa en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que suspendió el régimen cuestionado. Sin embargo, el mismo tribunal se declaró luego incompetente, al entender que la causa debía ser tratada por la Corte Suprema. En paralelo, la Justicia de Misiones intervino, revocó la medida y reactivó la carga tributaria, generando una superposición de decisiones que aceleró la necesidad de una definición nacional.
La Procuración General ya consideró que el máximo tribunal debe intervenir, dado el impacto directo del caso sobre dos provincias. Con el expediente ya en manos de la Corte Suprema, el fallo que se dicte no solo será clave para Las Marías, sino que podría sentar un precedente determinante.
En juego está mucho más que un reclamo empresarial: se debate el alcance del poder tributario provincial y los límites constitucionales de los mecanismos de recaudación anticipada. La resolución podría redefinir el equilibrio fiscal entre provincias y marcar un antes y un después en la relación entre política tributaria, inversión y desarrollo productivo en la Argentina.
Lunes, 6 de abril de 2026
