"Mejor no hablar de ciertas cosas"
Fiscales truchos de Libres y el fallo del STJ
(Domingo 7 de Octubre) Mientras se espera para los próximos días el desembarco de una embajada K, compuesta por diputados y senadores de la Nación, en Paso de los Libres se aguarda la postergada definición por parte del Superior Tribunal de Justicia que, hasta ahora, no aclaró por qué se obvió la lista de sustitutos habilitada, y por qué se consintió una designación contraria a Derecho realizada por la Fiscalía General. A casi un mes de la denuncia pública realizada por EL LIBERTADOR, continúan en funciones personas no autorizadas a ejercer el cargo, que incluso participan de los procesos y dan órdenes a la Policía de la jurisdicción. El caso tiene una profunda trascendencia institucional y pone a prueba al sistema provincial.
En la edición de mañana reproduciremos una extensa nota realizada por el periodista Ignacio Villanueva en la televisión de Paso de los Libres a los tres camaristas con quienes dialogó a posteriori del fallo de la "mini Corte" provincial.
PASO DE LOS LIBRES (Especial)
Para EL LIBERTADOR
Durante varias semanas, los cuestionados fiscales "truchos" de Paso de los Libres llamados ad hoc, pero que en realidad intervinieran en todas las causas de primera y segunda instancia, varios fueros y con múltiples funciones como cualquier funcionario titular, centró el debate jurídico. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia o tres de sus miembros, en una "mini Corte" convocada al sólo efecto de hacer lugar al pedido del fiscal general, César Sotelo, declaró inválido el fallo de los miembros titulares del Tribunal Oral de esa ciudad, que ponía freno al desborde jurídico de Sotelo y decía que es contrario a la Constitución nacional y sistema republicano de gobierno, división de poderes, el nombramiento fuera de la Ley de las fiscales. Además ordenaba, ante la clara ilegalidad de nombrar en esas condiciones funcionarios de alto rango en Fiscalía por decisión de los jueces, remitir al fiscal en turno para que investigue la conducta de los fiscales. Al contrario, la "mini Corte" salió al cruce y resolvió entrometerse en el ámbito de independencia de los jueces, su jurisdicción y nulificar el fallo. Pero si bien no se animan a sancionarlos de plano a los jueces libreños, en un revés intencional remite copias a la sede administrativa del Superior para que se los investigue por exceso de jurisdicción; quiere decir: fallar de más o, de la lectura de los hechos, sería más acorde a la realidad narrada decir, contra el mandamás. El cambio de rumbo sin dudas deja en evidencia la parcialidad del máximo cuerpo del Poder Judicial perfilando un deslucido papel frente al fiscal Sotelo, y la sociedad, el cual como un efecto mariposa toca desde arriba hacia abajo a todos los jueces y su independencia funcional desmorona la imagen de la familia judicial que está, a partir de estos precedentes de intromisiones en cuestiones jurisdiccionales por vía administrativa, en franco peligro ante cada caso que resuelvan.
Es correcto afirmar que frente a un caso siempre hay intérpretes; el juez construye un discurso lógico, fundado y justo. No es el único posible. Es un alerta, cuidado con el discurso del juez, si es opuesto al que quieren escuchar los ministros pueden ser pasibles de sanción. Ése es el peligro para la independencia judicial del caso Fiscales Truchas.
Nada está tasado en Derecho, y el margen de discrecionalidad que tomó esta mini Corte para considerar que ese exceso judicial -concluyó: será aquello eventualmente molesto para alguno o para el Fiscal General- genera un estado de inestabilidad laboral a los jueces en el futuro.
Es a través de la vía administrativa y la amenaza de sanciones que sale esa mini Corte compuesta por los ministros Carlos Rubín, Chaín y Semhan, a la defensa del Fiscal General, que por no tener respuestas eluden explicar la cuestión de fondo y por la cornisa buscan una elegante vía alternativa que transforme un hecho de trascendencia política institucional en una simple cuestión administrativa, resorte exclusivo del Fiscal General y fuera de cualquier control posible en la faz de la tierra.
Es claro que puede discutirse si los jueces, al nulificar el nombramiento de fiscales fuera de ley de Sotelo, tienen o no argumentos válidos. Esa discusión es en la esfera judicial. La cuestión medular del exceso de Sotelo es la que evitó tratar la mini Corte. Es la que debería investigarse por ser una conducta delictiva: abusar, ir más allá de lo permitido con conocimiento. Para sorpresa de muchos conocedores de Derecho, el tema de nombrar fiscales no es administrativo como quiere hacer creer el Superior Tribunal, como si se tratase de poner en funciones a un personal de limpieza o chofer.
El tema de poner en funciones a fiscales es una cuestión política, en la que intervienen todos los poderes de un Estado democrático: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El proceso de ingreso difiere de cualquier empleado judicial, debe hacerse por exámenes de idoneidad ante el Consejo de la Magistratura. Integrado por diferentes estratos de la sociedad, en la terna elige el Gobernador, la Legislatura entrevista al candidato en audiencia pública, puede hacer preguntas, cuestionarlo, conocerlo. Regresa al Ejecutivo para el decreto de designación, y al Judicial para la toma de juramento y puesta en funciones. En casos excepcionalísimos, por períodos prolongados hasta el trámite del concurso pueden ser nombrados de una lista de sustitutos, también tamizada por los diferentes poderes del Estado. La responsabilidad será política ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Concluyendo en que la designación de un funcionario fiscal es un acto político y no administrativo, como dibuja el Superior Tribunal, potestad suprema del Fiscal General. Arrogarse los tres poderes escapa al orden constitucional actual. Es totalitarismo, arbitrariedad, abuso. Pero de esto omitió referirse el Superior Tribunal, porque mejor no hablar de las cosas que escapan a cualquier explicación aceptable en el marco de un Estado de Derecho. Y si usted es creyente… tendrá justicia, pero sólo la divina. De los hombres, sólo se puede esperar estas reacciones contrarias al Derecho vigente de parte de los últimos garantes provinciales. Del resto, no queda nada más por esperar si falta coherencia, imparcialidad e independencia por parte de los superiores representantes del Poder Judicial de Corrientes.
Domingo, 7 de octubre de 2012
