NUEVOS PEDIDOS DE NULIDAD POR FISCALES TRUCHOS EN LIBRES
Ahora la Defensora Oficial está en aprietos
(Martes 25 de Septiembre) En línea con el fallo del Tribunal Oral debería ser la defensora Sandra Ifrán quien promueva la investigación penal de la conductas de los doctores Sotelo y Torres Fernández, a los que el Tribunal consideró como incursos en el delito previsto en el artículo 253 del Código Penal. La intervención de la Defensora deja al desnudo la importancia del desdoblamiento del Ministerio Público acogido por la reforma de 2007, que hasta ahora no se hace realidad por la decisión no firme del Superior Tribunal de suspender la norma constitucional impugnada por la Fiscalía General.
El caso está desde hace años a consideración de la Corte Suprema. Lo notable es que la división fue votada por la unanimidad de los constituyentes. La mayoría automática del Superior Tribunal la tumbó de un plumazo. Ahora la doctora Ifrán, subordinada jerárquicamente al Fiscal General, deberá promover la investigación. La duda es si lo hará.
La situación en Paso de los Libres promete ponerse más tragicómica en las próximas horas, luego que el Tribunal Oral de la ciudad declarara inconstitucional la designación de la fiscal María de las Mercedes Torres Fernández, puesta "manu militari" por el Fiscal General; desde hoy se vive el día después.
Versiones coincidentes hablan de la inminente renuncia de la Secretaria de Fiscalía, quien según parece aún no forma parte del personal del Poder Judicial al ser provisorio su nombramiento, estando en el plazo de prueba. Ahora se avecinan otras presentaciones parecidas de personas que exigen resoluciones ante el hecho grave de mantener en funciones a personas designadas en abierta violación a la Constitución y la ley, lo cual salpica al Poder Judicial y al Legislativo, al cual se puenteara al hacer asumir a alguien sin acuerdo del Senado.
El Tribunal Oral por unanimidad decidió remitir los testimonios, como adelantara ayer este medio, a la Justicia ordinaria para que investigue la posible comisión de delitos cometidos por parte del fiscal general, doctor Pedro César Sotelo y la doctora Torres Fernández, nombrada indebidamente fuera de cualquier lista de sustitutos habilitados.
Esos testimonios entrarían al despacho de otra de las integrantes del Ministerio Público local y defensora oficial, la doctora Sandra Mabel Ifrán. En cabeza de esta funcionaria también dependiente de fiscalía General, quedaría la decisión de iniciar o cerrar la investigación en contra de su superior jerárquico, el Fiscal General y su par.
La situación de Ifrán está aún más complicada porque la funcionaria y sus pares del Ministerio Fiscal sabían de esta irregularidad y consintieron procesalmente que las fiscales truchas trabajen en las causas sin chistar.
Una de las hipótesis que se maneja en el foro es que la Defensora se inhibirá invocando precisamente esta razón. Lo cierto es que el mundillo tribunalicio libreño está siguiendo minuto a minuto los hechos que se suceden en relación a un tema de por sí grave.
Se rescata en el foro libreño la valiente actitud asumida por los tres camaristas que de consumo se decidieron a tomar el toro por las astas. En su voto el doctor Marcelo Pardo señalo, "lo grave del hecho son tres cosas; primero, el de proponer o nombrar a una persona a quien no concurrieron los requisitos legales; segundo, el hecho de aceptar un cargo para el cual no tenga requisitos legales y tercero, el tolerar esas irregularidades".
Hay que tener presente que actualmente la Fiscalía General concentra las tres patas del sistema ministerial: Defensoría, fiscales y asesores de menores. Esto pese a la clara también reglamentación de la Constitución Provincial reformada. La Corte Suprema de Justicia tiene la decisión de terminar o no con esta concentración de poder en una sola persona, que propone, elige, decide los funcionarios de los tres ministerios en toda la provincia, los sanciona, remueve o premia.
En cambio los otros integrantes del Poder Judicial tienen repartida estas facultades cada uno y el Superior Tribunal es un órgano colegiado, no unitario. El "unicato" del Fiscal General viene trayendo estos problemas de descontrol e impunidad. Uno de los interrogantes es: "¿Quien se animaría entre los dependientes de Sotelo a requerir investigación en su contra o de sus ungidos a ocupar un cargo hoy?". Parece imponerse una respuesta negativa. Será la defensora Ifrán la que ponga el cascabel al gato? Parece difícil.
EN POSICIÓN
ADELANTADA
La semana pasada el gobernador, Ricardo Colombi, remitió los nombres de las candidatas a cubrir los cargos de fiscales de Instrucción en Paso de los Libres. Las elegidas por el Gobernador después de superar al Consejo de la Magistratura, son las doctoras Roxana Beatriz Romero y Liliana Elizabeth Carlino. Al iniciarse la actividad judicial esta semana, después del escándalo judicial ya adelantado en ediciones anteriores por EL LIBERTADOR, debería estar en funciones un fiscal legítimo que esté en las listas desansiculables.
Es intolerable, explicaron fuentes judiciales, que en el sistema republicano siga la fiscal ad hoc Torres Fernández un día más, luego del contundente fallo del Tribunal Oral
En las últimas horas se especuló con la posibilidad de un acuerdo extraordinario del Superior Tribunal para considerar y resolver la cuestión planteada, aunque según parece, el Presidente no logró armonizar posiciones para el tratamiento al menos durante el fin de semana largo.
El estado público tomado por las irregularidades cometidas por quienes nunca estuvieron en condiciones de ocupar la Magistratura, es un hecho que no puede obviarse. Impacta de lleno en el Consejo de la Magistratura y en la Corte local, precisamente en momentos en que arrecian las críticas por la falta de garantías y transparencia que muestran.
"Si la Constitución exige determinados requisitos para la designación de los fiscales, es con el objeto de protegerlos de presiones indebidas, tanto de particulares como de los propios órganos del Estado", dijo Pardo al fallar en el hábeas corpus. En igual sentido junto a los jueces se manifestó el presidente del Colegio de Abogados y presidente del Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia, doctor Álvaro Sánchez Guerrero.
El silencio de la cúpula del Poder Judicial parece intentar como en la época de los desaparecidos, que todo caiga en saco roto y se diluya el problema. Mientras tanto Libres sigue siendo un polvorín.
En este contexto de contradicciones e incoherencias, un avezado profesional del medio planteó otro interrogante que sirve para poner de manifiesto la melange que se ha creado. ¿Será que la defensora oficial, doctora Ifrán, planteará hábeas corpus para que representados suyos que no tienen defensores pagos, también puedan ser beneficiados por mecanismos legales incluso con la libertad?
En tal caso, una misma funcionaria deberá enfrentarse a situaciones contradictorias. Ponerse el traje de fiscal para investigar como lo mandó la Cámara y luego ponerse el traje de defensora para pedir por sus defendidos.
Martes, 25 de septiembre de 2012
