MARGARITA STOLBIZER
"Que el Gobierno haga un acuerdo con quita con el padre de Macri es escandaloso"
"La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia", dijo la diputada.
Margarita Stolbizer cuestionó el acuerdo avalado por el Gobierno por una deuda del Correo Argentino cuando le pertenecía a Franco Macri.
"Que a seis meses de asumir, el gobierno de Macri haga un acuerdo con quita con Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar", sostuvo Stolbizer en un comunicado.
"La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia", agregó la dirigente opositora.
"Para Stolbizer, lo que podría tornar escandalosa la quita de deuda concedida por el gobierno de Macri a Macri padre, no es el monto, o el cálculo del perjuicio, sino el hecho en sí mismo de la aceptación de una propuesta de pago con quitas, con perjuicio por el Estado y poniendo de manifiesto un claro conflicto de intereses que afecta de manera directa a los familiares de los funcionarios públicos", se expresa en un comunicado del GEN.
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"El presidente Macri debe poner especial cuidado en la forma de resolución de los conflictos que afectan a muchos funcionarios de su gobierno en relación a los negocios que hicieron antes o a los que podrían estar haciendo ahora. Y en particular, respecto de los negocios que su padre había hecho durante el kirchnerismo y que intentan cerrar ahora", lanzó.
"No sçplo hay que serlo, sino también parecerlo. El Gobierno, que venía pregonando los cambios y la demanda por mayor institucionalidad, no puede repetir comportamientos y favorecer negocios o acuerdos económicos con los grupos económicos con los que se encuentra vinculado", expresó.
Como publicó LA NACION en su edición de hoy, está en marcha desde el año pasado el cierre del concurso preventivo que el Correo Argentino arrastra desde 2001, cuando era parte del Grupo Macri encabezado por Franco Macri.
Sin embargo, ahora, la Fiscalía General en lo Comercial quiere ponerle un freno. Consideró que el posible acuerdo sería "abusivo", ya que, en la práctica, implicaría "una condonación de la deuda" por más de $ 4277 millones, según surge de los registros judiciales que obtuvo LA NACION.
La fiscal Gabriela Boquin planteó la objeción al acuerdo al recomendar a la Cámara que lo rechace. Además, notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal. Boquin llegó a esa conclusión tras verificar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron las propuestas del Correo -una empresa del grupo Macri- "por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago".
En el Ministerio de Comunicaciones defendieron su decisión. "Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero. Porque $ 300 millones era una fortuna en 2001, pero cada día que pasa lo será cada vez menos", señalaron.
El argumento de la fiscal agrega que la posición del Gobierno de rechazar el acuerdo cambió por completo a mediados de 2016, cuando un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente terminó por aceptar "una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad".
El planteo de la fiscal Boquin (que no pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, como se insinuó en algunas redes sociales oficialistas), a su vez, chocó con los argumentos de los abogados de Macri y del Gobierno. Según los letrados del viejo Correo, su nueva propuesta implica una "mejora muy notoria" con respecto a sus ofertas anteriores que presentaron en octubre y noviembre de 2014. No sólo eso, mediante un escrito que presentaron en Tribunales recordaron que su propuesta se aceleraría si la empresa recibe algún pago o resarcimiento "por los activos sustraídos por el Estado nacional" con la quita de la concesión durante el kirchnerismo, lo que ya reclaman mediante varios juicios por los supuestos daños y perjuicios.
Jueves, 9 de febrero de 2017
