ECONOMIA
Alejandra Gils Carbó dictaminó en contra de los aumentos de la luz para la provincia de Buenos Aires
Horas antes del fallo de la Corte Suprema por los aumentos de la luz, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del tarifazo y señaló que el Gobierno tendría que haber convocado a audiencias públicas previas.
La jefa de los fiscales confirmó con su dictamen la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de La Plata el 7 de julio pasado, que frenó la suba para los usuarios bonaerenses.
Gils Carbó imitó así su accionar cuando tuvo que definirse sobre los aumentos del gas, que finalmente la Corte Suprema frenó de manera parcial días atrás y exigió a la Casa Rosada llamar a audiencia pública. Se espera que hoy el máximo tribunal se expida sobre el cuadro tarifario de la electricidad.
En su dictamen, difundido esta mañana en la web de la Procuración, Gils Carbó pidió atenderse al carácter provisorio de la medida cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento.
La procuradora Gils Carbó interviene en estos casos en su rol de fiscal ante la Corte Suprema de la Nación. Su opinión no es vinculante para el máximo tribunal, pero los ministros la necesitan para quedar en condiciones de firmar su sentencia.
Gils Carbó entendió hoy que las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren , perjudicaron principalmente a los usuarios y consumidores.
Estas medidas "dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica (...). De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores".
Y exigió la realización de audiencias públicas para redefinir nuevas tarifas. "En materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (.) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio".
Martes, 6 de septiembre de 2016
