LÁZARO BÁEZ-CORRIENTES
Descubren que una empresa de Lázaro Báez tenía conexión con una financiera clandestina de Corrientes
La Justicia Federal en Corrientes investiga la conexión entre una empresa de Lázaro Báez con una cooperativa de esa provincia, que recientemente fue desarticulada debido al procesamiento de siete integrantes por el montaje de un banco clandestino que movilizó más de 68,5 millones de pesos desde 2012.
La Justicia Federal en Corrientes investiga la conexión entre una empresa de Lázaro Báez con una cooperativa de esa provincia, que recientemente fue desarticulada debido al procesamiento de siete integrantes por el montaje de un banco clandestino que movilizó más de 68,5 millones de pesos desde 2012.
La empresa constructora Sucesión de Adelmo Biancalani, absorbida por Austral Construcciones, la firma del detenido Lázaro Báez, a raíz de un allanamiento en la que se encontró un contrato de obras apareció conectada a la cooperativa Pyramis de Corrientes, que fue desbaratada por la Justicia federal debido a la imputación de siete integrantes por intermediación financiera ilegal.
En un allanamiento realizado por la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, fue hallada en una caja de seguridad perteneciente al ex ejecutivo de Pyramis Adolfo Siviero un contrato en el que Sucesión de Adelmo Biancalani subcontrató a una empresa constructora de Corrientes para la realización de una obra vial en Formosa.
Se trata de un convenio celebrado ante escribano público en junio de 2009 para que la compañía Ingyserv S.A de Corrientes ejecute la obra de la Ruta Nacional 86, en un tramo de alrededor de 50 kilómetros que conecta a General Guemes con Posta Cambio Salazar, en el centro norte de la provincia de Formosa.
Dicha obra fue adjudicada por la Dirección Nacional de Vialidad a la compañía de Báez, que a su vez exigió a la subcontratista que sea concluida en ocho meses para ser entregada en febrero de 2010, según consta en la documental de subcontratación a la que accedió Telam.
Por esa construcción se pagó un anticipo de 300.000 pesos en cheques de pago diferido, en el marco de un total aproximado de 24,5 millones de pesos.
El contrato, con sus anexos y la actuación de la escribanía tienen un total de 10 fojas y fueron encontrados en una caja de seguridad del procesado Adolfo Siviero, conectado a través de una cueva financiera con la cooperativa Pyramis y donde se incautaron casi 2.000.000 de dólares, así como documentaciones de automóviles de alta gama a su nombre.
Entre otras pruebas, también se hallaron en esa caja de seguridad documentos de Ferrari, BMW X6 y X5.
En la causa por la cooperativa que montó un banco clandestino, Siviero fue procesado junto a su pareja y otras cinco personas, en virtud de que la cooperativa tanto como la oficina que regenteaba, ofrecían servicios financieros sin autorización del Banco Central, entre otras irregularidades.
Según consta en el expediente al que hoy tuvo acceso Télam, Siviero y su pareja, Karina Alonso, “en su calidad de asociados de la cooperativa (…) han ejecutado maniobras de intermediación financiera, valiéndose no sólo de la cooperativa Pyramis sino también desde un local instalado en la calle Mendoza 1017 de esta ciudad, en el cual funcionaba una oficina clandestina la cual no contaba con autorización municpal alguna”.
En esa oficina es que fue hallada la documentación que vincula a Lázaro Báez con la trama de la financiera, donde según los investigadores del caso se movilizaron unos 68.500.000 pesos y se abrieron 200 cajas de seguridad donde se estima, fueron hallados más de cien millones de dólares.
En línea con la solicitud del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos procesó a los principales directivos de Pyramis Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi, todos ellos integrantes del Consejo de Administración; así como a Siviero, Karina Alonso y Carlos Contreras, al considerarlos autores del delito de intermediación financiera no autorizada.
Asimismo, a cada uno se le trabó embargo por 3.000.000 de pesos, lo que fue apelado ayer por la fiscalía federal a cargo de Ferrini, que solicitó que los embargos sean por 1.400 millones de pesos a cada uno.
Vale señalar, la defensa de los procesados solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes la nulidad de las actuaciones, lo que fue rechazado con voto dividido, por la aceptación que hizo el juez Luís González para que caiga la investigación y la decisión de continuar con el caso de las camaristas Selva Angélica Spessot y Mirta Sotelo de Andreau.
(Colaboración: Juan Manuel Laprovita - Telam)
Jueves, 4 de agosto de 2016
