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Imágenes de los valores secuestrados de la Cooperativa Pyramis
Pyramis y su directorio están siendo investigados por intermediación financiera no autorizada, es decir, por funcionar como un banco, lavado de activos y asociación ilícita.
Tenían unas 300 cajas de seguridad que están siendo requisadas. Movimientos por casi 700 millones pesos en los últimos diez años.
El secuestro de millones de pesos y dólares, y de miles de euros, alhajas, cheques y otros documentos -cuya contabilización no culminó aún- fue el resultado de cinco allanamientos realizados este martes en la capital de Corrientes por orden del juez federal Juan Carlos Vallejos, en el marco de una causa que tiene como epicentro la actuación de la cooperativa Pyramis y sus directivos en actividades de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita, además de infracciones al régimen penal cambiario.
Los procedimientos, que se llevaron a cabo en dos sedes de esa firma, en una inmobiliaria y en los domicilios de dos de los principales dirigentes de la cooperativa, se concretaron a pedido del fiscal Flavio Ferrini y de la Procuraduría de Críminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que lo asiste. En los allanamientos, intervinieron efectivos de la Prefectura Naval y personal del Banco Central (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En la sede de la cooperativa, los investigadores se encontraron con alrededor de 300 cajas de seguridad, cuya apertura ha sido dispuesta por el juez federal a pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Sucede que sobre esas cajas, ubicadas en una sede que no es bancaria, no existe expectativa de privacidad y la inspección y el secuestro de los elementos que hay en ellas responde a los parámetros de cualquier allanamiento.
El fiscal Ferrini explicó a Fiscales que hasta ayer se habían labrado actas sobre el contenido de unas cincuenta cajas de seguridad y que en los próximos días el personal especializado continuará con las tareas de registración y conteo de su contenido, al tiempo que intentan identificar a sus propietarios, algunos de los cuales se han presentado voluntariamente. “Para el caso de personas que tuvieran depositados valores en las mismas, una vez contrastados el origen patrimonial con los cruces de los informes de los organismos específicos, y de estar debidamente justificados, regresarían a sus dueños”, informó Ferrini.
La investigación que derivó en los allanamientos fue originada en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que advirtió que la cooperativa estaba funcionando como un banco, cuando su objeto social declarado es diferente.
En el marco de ese expediente, entonces, la Fiscalía Federal convocó a la Procelac, que propuso la apertura de una investigación preliminar. “Consistió en pedidos de informes de tipo patrimonial, los que reportaron una serie de operaciones sospechosas, como por ejemplo vehículos de alta gama con cédulas azules cruzadas y a nombre de un responsable de la cooperativa y del titular de otro lugar que sería una especie de cueva de dinero, que en realidad tiene nombre de fantasía de negocio inmobiliario, donde se realizaban descuentos de cheques y préstamos de dinero”, explicó el fiscal.
Los informes obtenidos en la pesquisa sobre las personas físicas involucradas también demostraron que sus movimientos financieros y bienes no tenían correlato con sus declaraciones ante la AFIP. “La hipótesis investigativa establece que la firma era una especie de banco disfrazado de cooperativa que se encuentra intermediando en el mercado financiero y que podría también estar lavando de dinero”, añadió Ferrini.
La causa
La fiscalía y la Procelac imputaron hasta ahora a 11 hombres y mujeres con cargos directivos o empleados con capacidad de acción en la firma, aunque dejaron asentado que “se ha de endilgar responsabilidad penal a los demás miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito Pyramis y asociados, y/o cualquier otra persona física o jurídica que pueda surgir con el avance de la pesquisa”.
Las conductas delictivas por las que se los investiga son la realización de “actividades de intermediación financiera [es decir, funcionar como un banco], bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”, que es el BCRA; haber “convertido, transferido, administrado, vendido, gravado, disimulado o de cualquier otro modo puesto en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”, es decir, lavado de activos; e “integrado una asociación ilícita operando bajo la fachada de regularidad constituida por la Cooperativa Pyramis y los imputados mencionados”.
En su presentación al juez Vallejo, la Ffiscalía señaló que “al contrastar la información contable de la Cooperativa con las acreditaciones bancarias recibidas en cuentas bancarias propias” surgió “a todas luces evidente que la actividad llevada a cabo por Pyramis no se compadece con aquella actividad para lo que tal estructura jurídica fue creada”. La cooperativa tenía como fin declarado el servicio de cobranza de valores y asistencia técnica, jurídica y contable, otorgar créditos a sus asociados, excluyendo la realización de operaciones de ahorro y préstamo, y adquirir artículos de consumo para distribuir entre sus miembros.
Pero la investigación arrojó que la cooperativa registró desde 2005 acreditaciones por 682.120.022 pesos, es decir, casi 700 millones de pesos en los últimos diez años, con la siguiente evolución: 2005, $12.589.183; 2006, $15.552.489; 2007, $39.605.329; 2008; 44.022.773; 2009, $34.085.855; 2010, $37.219.521; 2011, $60.831.871; 2012, $85.584.919; 2013, $87.814.220; 2014, $177.626.828, y en lo que va de 2015, $97.187.034.
Además, la investigación logró determinar el movimiento de dinero a través de transportadoras de caudales desde la sede de la propia cooperativa a otras oficinas de la firma y a entidades bancarias. En 2009, $3.421.000; en 2010, $14.464.800; en 2011, $34.629.000, y, en 2012, $32.260.000.
Por otro lado, en la pesquisa anterior a los allanamientos, la Policía Federal pudo determinar que en la sede de la cooperativa los clientes accedían a boxes en los cuales se realizaba la compra y la venta de dólares.
Jueves, 5 de noviembre de 2015
