PROVINCIALES
Respuesta de ATE a la risa y la lástima del gobernador de la provincia
El ataque sistemático contra los trabajadores en relación de dependencia con el Estado es una constante del poder Ejecutivo provincial en funciones, que comenzó su ejercicio con el cesanteo ilegal de más de cinco mil trabajadores de planta.
La escalada prosiguió, un año más tarde, con un incremento del ciento diez por ciento a los haberes de los funcionarios públicos, incremento que se trató de mantener en secreto y que sirvió, en una estrategia de propaganda, para manipular estadísticas que situaban el piso salarial de la administración pública en alrededor de cinco mil pesos, falseando así datos que sirven para trazar un diagnóstico veraz de la pauperización del sector del trabajo. En el medio, fueron otorgados aumentos que en el bolsillo de los trabajadores se tradujeron en sumas irrisorias que no alcanzan a cubrir siquiera la canasta básica familiar.
Si a todo eso se suma el manejo irregular del Instituto de Obra Social de Corrientes, (con funcionarios que son a un tiempo adquirentes y proveedores de medicamentos , con la incorporación de monotributistas a la cobertura que por ley deberían contar con obra social), la indisimulada precarización laboral, sobre todo en las áreas de la salud y la educación, la tercerización de servicios antes provistos por el Estado, el recorte del veinte por ciento en los gastos de administración que elimina la posibilidad de la discusión salarial, además de la negativa a la constitución de paritarias en el marco de la ley de Convenio Colectivo de Trabajo, no se puede evitar pensar en una visión de gestión de gobierno que tiene a los trabajadores como variables de ajuste.
Puede hallarse un hilo conductor que atraviesa estas maniobras: en oposición a todas ellas accionó ATE, desde la denuncia, la lucha gremial y la judicialización.
En el contrapunto democrático, ningún gobierno debe arrogarse el derecho de sobrepasar al Estado que lo sustenta y del que es un partícipe más junto a los otros actores políticos; el desconocimiento de la norma lleva al autoritarismo.
La Asociación Trabajadores del Estado propone una discusión seria, en la que se contemplen aspectos precisos, que atañen a una construcción global.
Por eso se hace caja de resonancia de cuestiones que competen a la administración de los asuntos públicos. Por eso, expresamos nuestro rechazo al empréstito por el que pugna el gobierno en estos días y que se destinará, según la justificación oficial, a garantizar el pago de salarios, una obligación del Ejecutivo; en una muestra más de las muchas contradicciones en las que incurre el Gobierno se pregona una economía saneada, mientras busca echar mano a préstamos para encarar lo que en un sistema de finanzas serio es una formalidad no sujeta a contextos interprovinciales.
Esa falaz economía saludable no contempla siquiera la posibilidad de una mejora salarial realista y conforme a índices comprobables, y se privilegia una supuesta obra pública que no significará mejora constatable en infraestructura para servicios fundamentales como salud, educación y viviendas.
Esos son los temas a discutir, los que realmente importan, aquellos que deberían ocupar la atención de las autoridades provinciales. Estos son los temas que plantea- y en cuya argumentación está dispuesta a comprometerse- nuestra Asociación. Todo lo demás entra en el terreno de la chicana sin otro sustento que la exaltación sin inteligencia, típica de los totalitarismos caudillescos que se deben desterrar. Sin embargo, no se puede menos que concordar con una definición del primer mandatario: los trabajadores dan lástima, lástima y vergüenza; no produce otras emociones el personal en negro que es explotado por subsidios miserables de quinientos pesos, sin cobertura social ni legal de ningún tipo. Y eso, definitivamente, no es motivo de risa.
Consejo Directivo Provincial
Asociación Trabajadores del Estado
Miércoles, 9 de mayo de 2012
