Día del trabajador: Por Sebastián Pardo
El contraste entre el Modelo Nacional y Popular de CFK Con el de atraso y exclusión de Ricardo Colombi.
En 1889 se celebró en París el Congreso Obrero Socialista (Segunda Internacional), que estableció, entre otras cosas, al 1º de mayo como día internacional del trabajo en homenaje a los mártires que tres años antes caían en Chicago producto de una brutal represión estatal: los líderes de la masiva movilización exigían la jornada laboral de ocho horas, haciendo valer la máxima de ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para el hogar.
Las jornadas laborales se extendían de 12 a 16 horas. Fueron encarcelados y juzgados como anarquistas, la sentencia lapidaria los condenó a muerte en un intento de dar escarmiento y sofocar el legítimo reclamo de los trabajadores. A lo largo de la historia el movimiento obrero se enfrentó a todo tipo de obstáculos: persecuciones, apremios ilegales, desapariciones orquestadas por militares golpistas y también ante un capitalismo salvaje y voraz que exprimía al trabajador para que las empresas obtenga márgenes escandalosos de ganancias. Sumado a la precarización laboral, las amenazas de despido como herramientas de coacción, el empleo en negro y la inestabilidad total.
Desde entonces mucho se ha avanzado en el mundo y también en nuestro país.
Nuestra Carta Magna en sus artículos 14 y 14 bis establece que todos los habitantes de la Nación gozan, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: del derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita; condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de la empresa; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, garantías en la concertación de los convenios colectivos de trabajo, conciliación, arbitraje, el derecho de huelga, las garantías a los representantes gremiales para hacer efectiva su tarea.
La reforma constitucional del año 1994, incorporando el nuevo artículo 75, que en su inciso 19 impone al congreso la obligación de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, completa lo dispuesto por los artículos precitados.
Estas disposiciones constitucionales reconocen derechos directamente operativos y otros programáticos. La operatividad de una cláusula constitucional puede provenir de ella misma (derecho de huelga) o bien requiere el dictado de una norma que la ponga en operatividad y reglamente su ejercicio: así las leyes vigentes que regulan el contrato de trabajo, el riesgo en el trabajo, las asociaciones sindicales, las convenciones colectivas, la conciliación laboral, asignaciones familiares etc.
En la actualidad, el gobierno nacional y popular representado por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ha hecho hincapié en la inclusión y equidad social como política que se traduce en una serie de planes y herramientas implementados desde el gobierno nacional tendiente a hacer efectivo los derechos y garantías reconocidos por la constitución nacional. A modo de ejemplo podemos citar:
El plan integral de empleo más y mejor trabajo, herramienta creada para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad. La ejecución de acciones orientadas hacia la inclusión social y laboral de los trabajadores, la promoción del diálogo social, como fundamento de la acción pública, a través de la integración de la nación, las provincias y los municipios mediante la puesta en marcha de acuerdos territoriales, sectoriales de calificación y acuerdos con empresas. La implementación de servicios de empleo es el resultado del convenio 88 suscripto por la OIT y ratificado por nuestro país. La resolución de la secretaría de empleo (SE) Nº 316/05 posibilitó la puesta en marcha de la Red Federal de Servicios de Empleo, que nuclea a todas las oficinas y unidades de empleo municipales con convenio firmado.
El seguro de capacitación y empleo fue creado mediante el decreto 1506, en el año 2004, con el objetivo de poner en marcha un esquema de políticas activas de empleo que brinden apoyo a los trabajadores desocupados del Programa Jefes de Hogar en la búsqueda de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción laboral. El seguro ofrece prestaciones y herramientas para los trabajadores que opten participar en él. A su vez, los períodos mensuales en los que el trabajador perciba la prestación dineraria no remunerativa serán computados a los efectos de la acreditación del derecho a las prestaciones del sistema integrado de jubilaciones y pensiones (Ley Nº 24.241) y sus modificatorias como tiempo efectivo de servicios.
El programa Jefes de Hogar comenzó a gestionarse a principios del año 2002 como respuesta a la inclusión social para más de dos millones de hombres y mujeres afectados por una crisis sin precedentes en nuestro país. La decisión política es la de reorientar la atención a la emergencia social y ocupacional en pos de más y mejor empleo para los trabajadores desocupados especialmente para aquellos que reciben un subsidio de estado a través del programa. El reconocimiento constitucional y normativo de los derechos inalienables del trabajador debe ser acompañado por una política de estado que así lo garantice en la práctica, promoviendo con herramientas como las citadas la efectividad de esos derechos.
Estos avances a nivel nacional no replican en nuestra provincia devastada por la pobreza y la exclusión.
Los trabajadores no encuentran respuestas de parte de un gobierno autista y conservador que apuesta a la acumulación de recursos, al “cumplimiento” de las mínimas obligaciones, acentuando la brecha entre la clase alta con las cada vez más pobres clase “media” y baja. La política del estado provincial se ve patente en los grandes emprendimientos empresarios que benefician a unos pocos. Los reclamos laborales permanentes de los sindicatos exigiendo una respuesta chocan con la indiferencia total, por no decir desprecio, del mandatario provincial Ricardo Colombi. Su visión de las políticas de estado no asigna a los derechos laborales un lugar destacado. La justicia social también brilla por su ausencia. Como si los trabajadores no fueran el verdadero motor de la economía, el crecimiento y el desarrollo. Los estatales ven una y otra vez postergados sus legítimos reclamos. No así la clase empresaria, los grandes negocios para unos pocos son prioritarios en esta gestión. Llegan fondos coparticipables que se pierden en una estructura burocrática que no permite control alguno. Empleo en negro, inestabilidad laboral. El gobierno insiste en tomar créditos y aumentar el endeudamiento de nuestra provincia cuando no explica siquiera por qué el aumento de las arcas provinciales no redunda en políticas para beneficio de todos los correntinos. El proyecto del gobierno provincial es acumular todos los recursos posibles para hacer uso de ellos en épocas de campaña electoral. Un sello de esta gestión y la anterior en manos de Colombi.
Funcionarios designados en carteras claves, salud y subsecretaría de trabajo por citar algunos, constituyen una burla macabra al sentido común. El ministro de salud explicando que los trópicos y el color de piel influyen en la maduración sexual temprana. La subsecretaria de trabajo provincial preocupada por atacar a medios independientes que comunican los desastres de su gestión y la de su hermano intendente.
El trabajo es una actividad humana en la que el hombre empeña y compromete su dignidad. En el trabajo se vuelca la vida, la salud, la energía, la subsistencia y la seguridad del hombre. El constitucionalismo social considera que el estado debe estructurar y promover un orden económico justo, que permita el acceso de todos los hombres a las fuentes de trabajo y de producción, haciendo posible una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes de producción y de consumo (Germán Bidart Campos).
Mucho para pensar rumbo a las elecciones del 2013, donde tendremos la posibilidad de insertarnos en un esquema de país con crecimiento, respeto y compromiso con la justicia social o seguir hundiéndonos en el atraso, el aislamiento y la pobreza sostenida.
Martes, 1 de mayo de 2012
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