PROVINCIA VS CAPITAL
Una relación al rojo vivo, entre chicanas y bronca
El Gobierno formalizó la suspensión de los envíos coparticipables a los cinco municipios pejotistas que acudieron a la Justicia y no reformularon su adhesión al decreto para el uso de los fondos con finalidad de obras. Ricardo remarcó que frenará el goteo hasta que resuelva la Justicia la cautelar planteada.
Ríos, ofuscado, reconoció su preocupación sobre el avance de regularización laboral en el Municipio, la que quedó sujeta al punto extra estancado.
El Ejecutivo provincial se plantó y frenó el giro del punto extra coparticipable a las cinco comunas que adhirieron al Decreto N° 2.034 de uso específico con reservas de exigir ante la Justicia la resolución de una cautelar para evitar el condicionamiento.
Se trata de Tabay, Ramada Paso, Capital, Saladas y San Luis del Palmar, las que plantearon la inconstitucionalidad del Decreto por el cual el Gobernador cedió los recursos a los municipios.
En el Gobierno hablaron de una dicotomía entre la impugnación judicial y la adhesión administrativa, por lo que el propio Ricardo Colombi sostuvo que la situación deberá ser resuelta en el ámbito de la Justicia para luego continuar con el goteo dinerario.
El mandatario correntino hizo hincapié en que fueron sólo cinco las que "entorpecieron" el escenario. "Los 66 municipios restantes continúan recibiendo el punto adicional para ser aplicados a obras públicas, diez de los cuales reformularon la adhesión y dejaron sin efecto las reservas administrativas planteadas inicialmente", enfatizó en declaraciones radiales.
Pero el Gobernador no fue el único que se expresó ante la coyuntura, otros referentes del modelo ricardista como el senador provincial, Sergio Flinta también mencionaron una especie de contradicción en el accionar de los intendentes justicialistas. "Recurrieron ante el STJ, pidiendo la inconstitucionalidad de la norma y luego consintieron administrativamente la norma que ellos mismos cuestionan", indicó.
Según el Ministerio de Hacienda, donde analizaron el planteo, administrativa y jurídicamente, en "esta dicotomía entre la impugnación judicial y la adhesión administrativa deberá ser resuelta en el ámbito del Poder Judicial". Con esto, el Ejecutivo se muestra imposibilitado de actuar sobre los fondos coparticipables de las administraciones comunales mencionadas hasta que exista una sentencia firme, basada en autoridad de cosa juzgada, sobre el fondo de la cuestión; "todo ello según la doctrina y los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación", remarcaron desde la cartera que comanda Enrique Vaz Torres.
En lo que estrictamente refiere a la judicialización planteada por el PJ (intendentes de la fuerza), los radicales que gobiernan se jactaron que otros diez municipios que inicialmente habían formulado la adhesión incorporando una reserva desde el punto de vista administrativo (sin haber impulsado acción judicial), fueron comunicados acerca de la contradicción que ambas cuestiones implicaban en el mismo acto y decidieron reformular la adhesión a fin de continuar dentro del esquema propuesto por el Gobernador.
Es así que la asignación de los recursos adicionales para infraestructura continuaron distribuyéndose normalmente para las comunas de Cruz de los Milagros, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Goya, Herlitzka, Mercedes, Mantilla, Pueblo Libertador, San Isidro.
DERECHO PÚBLICO
DE COORDINACIÓN
FISCAL
Desde el Ejecutivo provincial destacaron el marco de carácter técnico con el cual se avanza en este tema puntual, incluyendo el mencionado Decreto N° 2.034 que se inscribe dentro del "derecho público de coordinación fiscal", entre los distintos niveles de gobierno para la aplicación de las disposiciones sobre los recursos públicos; tal cual lo reconocido por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(El Libertador)
Jueves, 4 de septiembre de 2014
