CIUDAD DE BUENOS AIRES
Denuncian que Rodríguez Larreta adjudicó un convenio por más de 2 millones de pesos sin licitación
Los legisladores de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro denunciaron al jefe de Gabinete porteño por adjudicar en forma irregular un convenio por más de 2,2 millones de pesos con la Universidad Austral para realizar un estudio.
El estudio estará a cargo de Germán Garavano, ex fiscal general de la Ciudad ligado al PRO. "Queremos que Horacio Rodríguez Larreta nos explique por qué para contratar a un funcionario de su riñón por cifras millonarias se recurre a una contratación directa de 2.214.000 pesos, y si se evaluó la aptitud de otras instituciones públicas de la Ciudad", explicó Paula Oliveto Lago en declaraciones al diario Tiempo Argentino.
El 30 de junio pasado, mediante la resolución Nº 581/14, el jefe de Gabinete porteño encomendó a un grupo de investigación de la Universidad Austral, dirigido por el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, ligado al PRO y al gobierno porteño, realizar "un estudio preparatorio de las transferencias de los organismos nacionales con jurisdicción en materia penal y en seguridad urbana, a la Ciudad".
Si bien en la cláusula sexta del acuerdo se asegura que "cada parte garantiza que no tiene conflicto de ninguna clase (...) que le impida cumplimentar lo obligaciones acordadas", para Oliveto y Ferraro, dicha adjudicación está plagada de irregularidades, por lo cual en el pedido de informes que presentarán los legisladores de la Coalición Cívica exigirán al PRO que explique "por qué causa no se llamó a licitación pública" y "cuáles fueron las razones de urgencia que motivaron la contratación directa".
Por otra parte, también alertaron sobre la presencia irregular del ex fiscal de Garavano: "Por qué causa -preguntaron- se ha designado como jefe del proyecto de estudio al dirigente del PRO y ex fiscal general de la Ciudad, si por la interrelación del inciso c) del artículo 6º (sujetos comprendidos y conflictos de intereses), artículo 7º (incompatibilidades) y artículo 9º (plazo) de la Ley de Ética Pública Nº 4895, no puede ejercer tal actividad hasta un año después de su egreso".
Para el legislador Ferraro, "una vez más se obvian los procedimientos correctos para contrataciones de semejante magnitud, más teniendo en cuenta que la Ciudad tiene organismos públicos con personal idóneo y recursos necesarios", señaló en referencia al Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Policía Metropolitana o la Facultad de Derecho de la UBA.
En este sentido, ambos legisladores plantearon dudas similares acerca de "los parámetros que se han tenido en cuenta para establecer el monto de la contratación" y las razones por las cuales fue la Jefatura de Gabinete la cartera que firmó el convenio, en tanto que la Ley Nº 2095 establece que las dependencias del Estado pueden celebrar compras y contrataciones siempre y cuando tengan "relación directa con el objeto del organismo".
Lunes, 21 de julio de 2014
