LO QUE DEJO LA AUDIENCIA PÚBLICA
Tarifa de la luz: Defensor Alegre ratificó negativa a la suba y recordó que “el acceso a la energía es un derecho humano”
A días de haber participado en la Audiencia Pública realizada en el Salón Yapeyú de la Municipalidad de la ciudad de Bella Vista, convocada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el propósito de analizar un nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica en Corrientes, el Defensor del Pueblo de la provincia. Dr. Miguel Alegre, reforzó algunos de los argumentos planteados en la oportunidad.
El pasado 1 de abril en ese contexto, el defensor había planteado su “rechazo a la propuesta se suba tarifaria”, al mismo tiempo que se opuso a “cualquier intento de privatización y/o tercerización de la empresa, a la segmentación por rangos de consumo y a la regionalización del precio de la energía”.
“Así como acompañé decididamente muchos reclamos a Nación por obras energéticas para la provincia, hoy resulta imposible acompañar esta propuesta de aumento. Nos muestran desde la Dpec una ciencia ficción, supuestas inversiones de las que no tenemos números concretos, nos hablan de perdidas por un 12 por ciento cuando sabemos que es muy superior, ya que desconocemos el porcentaje de cobro efectivo de la facturación. Son datos clave que no están en el expediente que se analiza” describió Alegre durante la audiencia.
Asimismo, recordó que la “Constitución nos impone la obligación de defender derechos humanos, colectivos y difusos y participamos de todas las audiencias públicas para opinar sobre cuestiones que interesan y afectan a los correntinos. La defensoría tiene tres años de existencia y en materia de energía venimos acompañando acciones concretas para el mejoramiento del sistema energético. Obtuvimos fallos judiciales que hicieron posible el funcionamiento de la Estación Transformadora de Colonia Brugne y apoyamos el pedido para con el tendido de la línea de 500 kv que beneficiará al Chaco, se incluya el tendido paralelo de 132 kv para Corrientes. para llevar energía al norte de nuestra provincia y cerrar así el anillo energético necesario para Corrientes. V Venimos acompañando a la provincia en estos reclamos y consta, pero hoy estamos acá para hablar de la tarifa” aclaró, advirtiendo su oposición.
LA ENERGIA COMO DERECHO HUMANO: “NO ES UNA MERCADERÍA”
En ese orden, dejó en claro el defensor: “no somos necios y sabemos que en nuestra Argentina hoy, con la inflación los costos suben, pero no estamos frente a una mercadería común como un kilo de papas o una camisa, no nos pueden comparar a la energía con eso” sentenció Alegre, y explicó que “la energía eléctrica, como el agua, son elementos esenciales para la vida y constituyen el plexo de derechos humanos reconocidos por nuestras leyes. En Corrientes tenemos un fallo judicial que lo reconoce como tal y desde ahí no podemos compararlo con un kilo de tomates, son de naturaleza diferente” dijo.
También puso en consideración que “hoy en Corrientes todavía hay correntinos que no pueden acceder a la energía o al agua potable, que son derechos humanos. Es necesario advertir que estamos frente a una materia distinta. Un bien que debe tener un tratamiento diferente a cualquier otro bien de consumo. En la Defensoría el 50 de lo que trabajamos son servicios públicos, agua y luz, y por eso conocemos las necesidades de la gente en la materia. Venimos de un periodo estival desgraciado con cortes permanentes y por largo tiempo, el material obsoleto, la perdida de aparatos dañados que nunca son reconocidos” enumeró.
Por todo ello, fijó su postura al señalar: “no estamos de acuerdo con ningún ensayo de privatización ni tercerización de la empresa, por que estamos en manejo de un derecho humano. Por el mal funcionamiento del servicio deben asumir responsabilidades sus responsables, la distribuidora es la DPEC y también hay que cubrir todo riesgo laboral para los trabajadores del sector. No se puede admitir la pérdida de vidas humanas”.
Como otro punto, dijo que tampoco “admitimos la segmentación por rangos de consumo, porque esa diferenciación afecta constitucionalmente los principios de igualdad y equidad y además, las lecturas generalmente o en muchos casos se realizan luego del periodo establecido, lo cual nos cambia de rango de consumo arbitrariamente. Estamos frente a una cuestión social y por eso este tema debe pasar por el Consejo Económico y Social como lo sugirieron otros expositores, hay razones constitucionales y legales para ello” indicó.
Finalmente, dejó en claro que desde la Defensoría “no aceptamos la regionalización de la tarifa. Venimos luchando hace mucho tiempo y hablando de discriminación por parte de la Nación, por Yacyretá, entonces no podemos decir que estamos en igualdad de condiciones con otras provincias más beneficiadas, como para a tener un precio común, se nos cae el argumento de la discriminación. Transferimos soberanía territorial para Yacyretá y tenemos todos los perjuicios y ningún beneficio. Nos dicen desde despachos oficiales de capital que tenemos que tener precio igualitario y les decimos NO. Somos diferentes porque no recibimos lo mismos beneficios, por lo que considero que debe haber un precio diferencial para Corrientes” señaló por último.
Viernes, 4 de abril de 2014
