MENDOZA
Comenzó en Mendoza un juicio contra ex militares y ex funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad
Cuatro exmagistrados federales y otros 30 exmilitares y expolicías comenzaron a ser juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra más de un centenar de víctimas, en un juicio a cargo de las autoridades del Tribunal Oral Federal 1.
Según informaron hoy miembros de organismos de Derechos Humanos, la singularidad y fortaleza de este debate es el procesamiento de los exmagistrados Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolado Carrizo, quienes se desempeñaron como fiscales y jueces durante la dictadura y hoy están acusados por no investigar los secuestros de más de un centenar de personas, la mayoría todavía desaparecidos.
“En un claro gesto de complicidad, omitieron cumplir con su función de resguardar la vida y la integridad física de las y los detenidos, aportando con su silencio al plan de aniquilamiento del terrorismo de Estado”, indicaron en un comunicado.
Este cuarto juicio en Mendoza incluye delitos de Lesa Humanidad perpetrados por agentes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de la cúpula y subalternos de la Policía de esta provincia y los responsables de las torturas en la penitenciaría provincial.
De los 41 imputados iniciales quedaron finalmente 34, de los cuales Francisco López Rodríguez se encuentra con pedido de captura ya que no pudo ser encontrado por las autoridades policiales.
Los acusados que quedaron desafectados por razones de salud son: Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez, Timoteo Amaya, el exmagistrado Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda.
En tanto, el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez fue desafectado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja.
Esta mañana, la intensa lluvia que cayó en esta capital impidió que miembros de organizaciones y familiares de víctimas se expresen en la explanada del Tribunal provincial como lo hicieron en anteriores ocasiones, y todo se desarrolló en un clima de tranquilidad dentro de la sala.
A través del sistema de teleconferencia, los magistrados notificaron a varios imputados que no residen en Mendoza o están cumpliendo condenas en servicios penitenciarios de distintas ciudades argentinas.
El pedido de enjuiciamiento había sido presentado por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad y los querellantes fue plasmado en dos documentos donde están contenidos los cargos contra Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, y otro que involucra solo al excamarista Gabriel Guzzo, quien afronta el mayor número de ilícitos: 109, seguido por Otilio Romano con 98 casos.
Estas causas se iniciaron a partir de las exposiciones, ya en democracia, de exdetenidos a las que se agregó el análisis de aproximadamente 350 hábeas corpus presentados en tiempos de represión y otra documentación de archivo con la cual fue posible reconstruir el comportamiento de los jueces frente a las denuncias de las víctimas del genocidio e inferir que los hábeas corpus, el recurso más usado para lograr la libertad, eran absolutamente ineficaces, se rechazaban y se evitaba investigar.
Según se comprobó, a pesar de los claros indicios de asesinatos, robos, violaciones, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad ejecutadas por policías y militares, nunca tomaron medidas para sancionarlos faltando a sus esenciales deberes.
Hoy, con la reanudación del debate iniciado el lunes pasado, la querella pidió a los miembros del Tribunal que se les prohíba a los imputados tener cámaras fotográficas o celulares, tras lo cual se procedió a la extensa lectura de los cargos contra cada uno de los imputados en las 15 causas que conforman este megajuicio.
El pedido lo formuló Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, luego de que el excamarista Luis Miret fotografiara al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, durante la primer jornada del debate.
Por su parte Bernardo Calderón, defensor del exjuez Romano reiteró el pedido de autodefensa de su cliente y, en caso de que no fuera aceptado, adelantó que él no podrá aceptar la defensa de su cliente.
El tribunal número 1 está integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, juez de San Luis convocado para este debate.
Lunes, 24 de febrero de 2014
