TRABAJO FORESTAL
Investigan en Corrientes al padre de un diputado y presidente del PRO de Misiones por trabajo esclavo y trata
El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios en Corrientes radicó una denuncia penal contra Francisco Wipplinger, presidente de una cámara de transportistas de Misiones y padre del legislador provincial del PRO en Misiones, Claudio Wipplinger y además presidente en su provincia del Partido que lidera Mauricio Macri.
La justicia de Corrientes investiga al padre del diputado del PRO de Misiones Claudio Wipplinger, por trata laboral y trabajo infantil en explotaciones forestales del norte de la provincia, luego de que se detectaran severas infracciones con trabajadores relevadas por Renatea.
La acusación surgió luego de una inspección del organismo nacional en explotaciones forestales ubicadas en el kilómetro 35 y 28 de la ruta nacional 120 que une a las localidades de Ituzaingó y Virasoro de la provincia de Corrientes.
Allí fueron relevados 15 trabajadores, de los cuales seis eran víctimas de trata laboral y dos son menores de edad.
"El grupo de seis trabajadores vivía hacinado en el monte, en una casa rodante de un metro cuadrado en pésimas condiciones que estaba cubierta por una lona", indicó a Télam el inspector del Renatea, Juan Pablo Coulleri.
Detalló que "no tenían luz, agua, baño, ni camas" y que "tampoco tenían comida, por lo cual debían comprar a su patrón, que vendía un paquete de arroz a treinta pesos, por ejemplo".
El funcionario sostuvo que "para conseguir agua los trabajadores debían caminar siete kilómetros y en una oportunidad uno de ellos se lastimó la cabeza y para llegar a un centro asistencial de Virasoro tuvo que caminar 35 kilómetros muy ensangrentado".
Asimismo, precisó que se encontraban en esa situación hace aproximadamente un mes y medio y que "cobraban 49 pesos por día".
De acuerdo a esto, el Renatea y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en un operativo conjunto, pudieron constatar graves y recurrentes incumplimientos a las normas establecidas en la ley de trabajo agrario (26.727), en lo vinculado a vivienda, seguridad, higiene y alimentación en el trabajo.
El titular de la delegación Corrientes de Renatea, Alberto López, confirmó a Télam la realización de la inspección en el campo ubicado a unos 250 kilómetros de la capital provincial y dijo que la situación en la que estaban los trabajadores rurales era “lamentable”.
Afirmó que el organismo nacional a su cargo en Corrientes cumple la función de “constatar la situación” y que luego avanzan por otros carriles las cuestiones penales y administrativas.
López confirmó lo que explicó en detalle el inspector Coulleri a Télam respecto de las condiciones en que trabajaban los peones y que la gran mayoría “no tenía registro”.
Dada la situación, plagada de irregularidades, el titular de Renatea, señaló que los propietarios del campo productivo tendrán 45 días para hacer su descargo y que las actuaciones realizadas son derivadas a las autoridades nacionales del Organismo y a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, para que actúen en consecuencia.
Respecto de la actuación de la Subsecretaría de Trabajo de la administración del gobernador Ricardo Colombi (UCR) en este tipo de casos, Alberto López reconoció en diálogo con Télam que “no hay experiencias buenas”.
“No hay antecedentes de actuaciones de este Organismo de la provincia, que estén orientadas a revertir este tipo de casos”, cuestionó el funcionario nacional.
El delegado del Renatea en Corrientes, señaló que la Delegación de Corrientes tiene un trabajo intenso en el territorio provincial “de advertencia a los empleadores sobre sus responsabilidades y obligaciones, de investigación y de inspección”.
En tanto, señaló que el trabajo no registrado (en negro) en la zona rural correntina es “lamentablemente, muy superior al 50%, especialmente en las producciones hortícolas y forestales”, a la vez que señaló que esta situación “debe cambiar”.
Por el caso, detectado hace pocos días por el Renatea y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en una explotación forestal ubicada entre las localidades correntinas de Ituzaingó y Virasoro, se radicó una denuncia penal en la Seccional segunda de Ituzaingó y se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional de Ituzaingó, a cargo de Néstor Oscar Anocibar.
“Las situaciones detectadas no sólo violentan el cumplimiento de las normas laborales por el que brega el RENATEA, sino que atentan contra los principios básicos y elementales de los derechos humanos, por lo que se realizaron las presentaciones pertinentes ante el Programa Nacional de Acompañamiento y Prevención de las Víctimas del Delito de Trata”, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmaron desde el Organismo a cargo de Guillermo Martini.
Jueves, 6 de febrero de 2014
