La Asamblea de Gualeguaychú
Ratifica denuncia internacional contra Botnia
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ratificará su denuncia realizada en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el funcionamiento de la papelera UPM (ex Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. La CIDH envío una nota a la Asamblea para consultarle si mantiene la petición realizada a fines de 2005 junto al gobierno entrerriano a cargo de Jorge Busti y en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú en la que denunciaba que instalación de Botnia y en ese entonces la española Ence violaba derechos humanos de los habitantes de la cuenca del Río Uruguay.
Esta causa fue quedando inmovilizada y ahora se retomó el expediente para conocer qué hechos nuevos que han ocurrido desde el 2005 a la fecha: el tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación.
La abogada de la Asamblea, Ana María Angelini, señaló al diario El Argentino que, además de ratificar la presentación, aportarán nuevas pruebas, para lo cual se convocarán a los equipos técnicos de la Asamblea.
"La ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años", apuntó Angelini.
Y agregó: "Para nosotros era una causa que había quedado archivada. Por eso, ver que hoy de nuevo se moviliza es algo muy importante porque tenemos esperanzas que se pueda avanzar".
La estrategia será no sólo aprovechar la ratificación de la denuncia, sino aportar nuevos hechos, aclarar que Ence no se instaló pero Botnia sí y que contamina de manera diaria, y que no sólo se incumplen con el Estatuto del Río Uruguay, sino también con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en cuanto a que no se realizan los monitoreos como fueron establecidos, explicó la abogada.
El 19 de septiembre de 2005, el entonces Gobierno de Busti denunció al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió que declarase la "violación de la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales pese a las evidentes carencias en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas".
Además, se requirió que la comisión solicite al Estado uruguayo que adopte todas las medidas para asegurar la no-exposición de los niños y niñas que habitan la zona de impacto ambiental directo a la contaminación ambiental que generarían las empresas.
En el informe elaborado por el gobierno entrerriano se indicaba que esa presentación "no obedecía a una oposición antojadiza al desarrollo de un país vecino y tampoco a promover un enfrentamiento entre ecología/derechos humanos y economía, sino de trabajar en conjunto, pero no bajo pautas economicistas a costa de la degradación del ambiente y de la calidad de vida".
De todos modos, se entendió que el caso merecía el tratamiento de la CIDH porque, como ciudadanos argentinos, no poseían en el Estado uruguayo recursos que los habilitaran para solicitar la protección jurisdiccional a fin de resolver la controversia.
Sucede que, desde el momento en que el daño ambiental se produce en un país extranjero con repercusión extraterritorial, cae la jurisdicción estatal y determina la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sábado, 17 de agosto de 2013
