Policiales Un halo de esperanza marca el fallo de un juez Días atrás salió a la luz, con gran repercusión, una audaz maniobra que estuvo a punto de perfeccionarse y que fue abortada antes de su ejecución. En la trama intervino una conocida y prestigiosa firma martillera, UMC, que se vió obligada a salir con un comunicado deslindando responsabilidades. 
Se trató del intento de robo de cerca de 200 cabezas, la mayoría pertenecientes a Pedro Gayssibayle, uno de los productores con mayor extensión de campos en la zona. Hay otros tres productores afectados, aunque la investigación podría deparar más sorpresas.
En ese marco, en las últimas horas, el juez de garantías de Paso de los Libres, Gabriel Alejandro Aldaz, a pedido del fiscal, Facundo Sotelo, dispuso la prisión preventiva de tres personas, en una decisión que fue celebrada jubilosamente en ámbitos de la producción, donde se reclama desde hace años la pasividad judicial. Mientras hay conmoción en la zona. La Jefatura de Policía, con rápidos reflejos, desafectó de sus filas a un Comisario y tres agentes de la fuerza, implicados directamente en una faena clandestina.
Hoy se espera que la Cámara de Apelaciones de Mercedes
dé a conocer el veredicto, que se descuenta será confirmatorio, por el que deja firme la decisión de la Justicia libreña que ordenó la prisión preventiva de tres personas de 61, 39 y 38 años. Una de ellas capataz rural y las otras dos de apellido Brown y Ruíz, con mayores responsabilidades, aunque la investigación podría seguir para arriba. En tanto, se sospecha que las maniobras podrían involucrar mayor cantidad de hacienda con otros productores afectados.
La hacienda, como se dijo, no llegó a cargarse al darse parte a la Policía. Tampoco la guía había sido visada por la autoridad policial. Intervino personal de Tapebicuá y de Paso de los Libres, adonde se trasladó la hacienda no identificada.
Con todo, lo más fuerte fue que por primera vez la Justicia trabó la puerta giratoria de los juzgados, que fue la constante en los últimos años ante la sucesión interminable de denuncias de productores que no encontraron en el sistema judicial una respuesta acorde a la gravedad de los hechos que se vinieron sucediendo a lo largo y lo ancho del territorio provincial.
UNA VERSIÓN DE LOS HECHOS. Las firmas consignatarias salieron a despegarse del caso. Aunque lo mencionan a Pedro Gayssibayle, éste no concuerda en el relato.
Un dato que no es menor, pero que es verificable a través de las estadísticas oficiales, es que entre la enorme cantidad de la población carcelaria de condenados no existe ni ha existido uno solo que sea por el delito de abigeato, lo cual desnuda una falencia notoria que abre un debate profundo.
En los hechos, el nuevo Código, hasta ahora no ha mostrado las bondades que se esperaba. Quizá por defecto en su implementación. Por la falta de capacitación, o el nulo compromiso de la mayoría de fiscales y jueces. Con toda la figura incorporada del querellante autónomo viene a suplir el accionar omisivo que suele tener el fiscal al permitirse al afectado ser parte del proceso e impulsar medidas de prueba en tiempo real.
Hoy el principal perjudicado por el hecho que se investiga, el señor Pedro Gayssibayle, propietario de la estancia San Juan, una de las más grandes de la costa del Uruguay, de aproximadamente 30.000 hectáreas, se presentará bajo esa figura en la instrucción a través de un prestigioso abogado de Paso de los Libres, el doctor Neris Fucenecco, quien tendrá a su cargo contribuir al esclarecimiento del hecho y a lograr que se haga justicia.
El doctor Fucenecco exhibe una larga trayectoria profesional en el foro libreño con experiencia y predicamento en el ámbito de la justicia penal.
La situación que se vive en los últimos años, no solo en Corrientes, sino en el país, tiene íntima relación con el llamado «garantismo» propugnado por el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que ha llevado a que jueces y fiscales sean extremadamente permisivos con los resultados que están a la vista.
Zaffaroni, un ex Convencional constituyente, pasó a integrar la Corte en el 2004, donde permaneció hasta que, llegado a los 75 años, al menos tuvo la dignidad de honrar el juramento de cumplir la Constitución, cosa que no hizo quien ingresó en la misma fecha, la doctora Estela Higthon de Nolasco, que logró, entre gallos y medianoche, una medida cautelar en el marco de una negociación espúrea con el macrismo, que desistió de apelar una decisión que de haber llegado a la Corte hubiera sido revocada, conforme al criterio interpretativo del más Alto Tribunal de la Nación. Finalmente, terminó saliendo por la puerta de atrás, dejando una vacante que no se cubrirá hasta 2024.
Zaffaroni no dejó el mejor de los recuerdos en su paso por la máxima instancia judicial del país. En los hechos, la única decisión inobjetable de esa recomposición del alto Tribunal, fue la incorporación de Carmen Argibay Molina, una destacada penalista que estuvo a la altura de ministros con la trayectoria de Enrique Petracchi, Carlos Fayt o Augusto Belluscio.
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