Seminario Internacional de Derecho Penal en la UNNE
“No hay política de salud en relación al consumo de drogas”
En el marco del VI Seminario Internacional de Derecho Penal, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial coincidieron en la escasa efectividad de las políticas públicas para la lucha contra el narcotráfico a raíz de la visión represiva del Estado en relación a la lucha contra el narcotráfico
Funcionarios judiciales analizaron las políticas antinarcóticos.
En este sentido, fueron muy críticos hacia las acciones estatales al hacer notar que existe desatención hacia quienes padecen problemas de adicciones y que generalmente son arrastrados a integrar las organizaciones criminales.
Quienes se refirieron a la temática fueron el fiscal Flavio Ferrini y la jueza Zunilda Niremperger, y expusieron respecto a “Microtráfico y ley de desfederalización” y “El problema de las drogas: ¿una política criminal desacertada?”. En este sentido, el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, reclamó mayor presencia estatal en las acciones de asistencia a las personas con problemas de adicciones y puso de relieve la inexistencia de una visión social y humanitaria en las acciones de combate contra las drogas. Afirmó al respecto que “no hay política de salud en relación al consumo de las drogas”, al tiempo que hizo notar que esta situación lleva a que el consumo se incremente.
La creciente demanda genera la aparición de cada vez más centros de venta al menudeo con el consecuente crecimiento del tráfico de drogas. Ante esta situación destacó que los organismos internacionales recomendaron el año pasado que las autoridades deberían abocarse a enfocar la búsqueda de información en forma más amplia e integral para diseñar políticas más efectivas y de esta manera enfrentar el narcotráfico.
En tanto, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia sostuvo que “el Estado fracasó al generar cada vez más políticas represivas” en relación al narcotráfico. En este contexto, indicó que “se concentraron los recursos para controlar la oferta debido a que la normativa es prohibicionista”. Consideró además, que “las acciones para borrar la oferta no tuvieron resultados”.
Esto se debe a que se enfocó la atención en la lucha contra las organizaciones criminales, pero las personas adictas quedaron sin protección estatal. “El adicto es víctima, no es cómplice. Hay que asistirlo con políticas de salud, y actualmente no hay prevención ni políticas de salud”, subrayó la jueza. Además hizo notar que estas acciones represivas estatales carecen de efectividad y llevan a “estigmatizar a los sectores más vulnerables”.
Domingo, 29 de octubre de 2017
