ECONOMÍA
¿Habrá también freno judicial al tarifazo de luz y agua?
El tarifazo tiene sus cuitas. Después del fallo de la Corte Suprema que retrotrajo los valores del gas, los tribunales ahora preparan otro paso en la misma dirección. La judicialización de los aumentos era previsible, y el gobierno lo sabe.
Tanto es así que el oficialismo ya prepara la audiencia pública para discutir el cuadro tarifario del gas. Será el próximo 16 de septiembre. Allí, con palmaria ansiedad, procurará completar la instancia que se salteó meses atrás y dar por finalizado el tema.
Aunque no será la única. La convocatoria para debatir el valor de la electricidad también está en marcha. Será, presumiblemente, también el próximo mes. Y lo mismo podría suceder con el agua, según adelantó esta semana el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín.
Lo que sucede en el fondo es que el argumento técnico esgrimido por el Ministerio de Energía se derrumbó frente al criterio de la Corte. Lejos de poner el foco en el modo de cálculo de las tarifas disgregando el valor en boca de pozo o distribución, el tribunal supremo hizo eje sobre la Constitución; un texto que, con inapelable claridad, prioriza la participación ciudadana cuando se trata de usuarios y consumidores. En conclusión: las tarifas deben ser debatidas por todos, dijeron los jueces, y ya no queda mucho margen para dudas.
En efecto, ese es el criterio que también cimentó a principios de agosto el fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín. Allí la jueza Martina Isabel Forns sostuvo el argumento pro-participación y suspendió por ello el aumento de la tarifa de electricidad.
Ese expediente ya está en manos de la Corte Suprema. Más precisamente, en manos de la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien -se supone- mantendrá la línea que trazó ella misma la semana pasada. En concreto, volverá a recomendar la nulidad del nuevo cuadro: si no hay audiencia pública previa, no hay aumento posible. Ni de gas ni de luz, ninguno.
Y luego, si la Corte mantiene el mismo criterio, en pocos días más habrá sentencia definitiva. En todo caso, bien hace el gobierno en adelantarse al eventual fallo adverso, convocando desde ahora a la audiencia respectiva.
Aun así, la gran pelea del gobierno en esta instancia es por reducir al mínimo el nivel de daños. Si bien la proyección de la nulidad respecto al gas fue nacional, ésta sólo benefició a los usuarios residenciales y por tanto continúan las quejas de los que todavía se ven afectados. Ése es el camino elegido por la UIA, la CAME, la APYME y por los clubes de barrio. Todos, cada uno con su reclamo, deberán custodiar sus intereses para que el antecedente del máximo tribunal les sea aplicable. Representan en total a más del 70% de los usuarios.
Respecto a la electricidad y al agua, la situación es similar pero diferente. Es indudable que pronto habrá lugar para las audiencias, pero el panorama en tribunales no es tan acuciante para el oficialismo. Si bien la Corte tendrá la última palabra, hoy la suspensión de las tarifas se halla limitadas por decisiones distritales. El aumento del agua, por ejemplo, se frenó en julio en Lomas de Zamora y en Avellaneda, pero no en los municipios vecinos. Algo similar a lo que sucede hoy con el servicio eléctrico: pese al fallo del juzgado de San Martín, las distribuidoras de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, por ejemplo, aducen que la sentencia no los atañe.
Los frentes judiciales nunca se le cierran al gobierno. En definitiva, está pagando caro hoy las decisiones apresuradas e inconsultas tomadas en marzo. La semana pasada fue el turno del gas. Tal vez la próxima sea el de la electricidad. Y más tarde eventualmente llegará el del agua. Las fisuras jurídicas son particulares en cada caso, pero la falta de audiencias parece estar hoy sentenciando la suerte de todas por igual.
Jueves, 25 de agosto de 2016
