DIARIO "LA REPÚBLICA"
Narcotráfico: un fiscal pide investigar a funcionarios judiciales y políticos
El escándalo se centra en actuaciones del Juzgado Federal de Paso de los Libres por el secuestro de 395 kilos de cocaína en una estancia de Santo Tomé, en 2013. Un exdiputado nacional del justicialismo está en la mira.
El juicio oral y público a la banda de narcotraficantes detenidos en una estancia de Santo Tomé en el 2013, cuando descargaban de una avioneta casi 400 kilos de cocaína recién llegada de Bolivia, podría convertirse en un verdadero escándalo que involucre a políticos y funcionarios y exfuncionarios judiciales del Juzgado Federal de Paso de los Libres.
Ayer, a la hora de los alegatos en el debate, el fiscal federal Carlos Schaefer, además de pedir prisiones de hasta 20 años más el secuestro de bienes para los principales implicados en la causa “narcoaviones”, reclamó que se investigue al secretario federal del juzgado de Paso de los Libres, José Luis Mora y Araujo, sobrino del exdiputado nacional del justicialismo Rodolfo Martínez Llano, quien también fue citado por uno de los enjuiciados al igual que el ex fiscal federal Benito Pont.
Durante su alegato el fiscal Schafer recordó que “han surgido nombres de fiscales (en referencia a Benito Pont) y políticos (por Martínez Llano)” y reclamó por la participación del secretario del juzgado federal de Paso de los Libres: “Hemos advertido que existen expedientes que eran de identidad reservada en los cuales lamentablemente a un personal de Paso de los Libres (el secretario de actuaciones de juzgado) se le han traspapelado y eso hizo que los aportes que podrían realizar los arrepentidos no tenga un buen final”, dijo echando las sospechas sobre Mora y Araujo.
Es que en su declaración ante el tribunal, Florentino Dante Niemiz, reveló que “se le pidió el pago de 350.000 dólares para ser libertado o si no sería trasladado a la cárcel de Devoto”.
En esa declaración involucró directamente a Pont y a Martínez Llano, quien fue diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Cuando Niemiz fue interrogado acerca de “si algún político conocía el hecho, algún político que este atrás de la actuación, alguien responsable de todo este transporte de estupefacientes”, el hombre no dudó: “Sí, acá hay uno, que es Martínez Llano, todo el mundo sabe”, dijo y relató a continuación que “Benito Pont, faltando unos días para trasladarme, me manda un señor al Juzgado que si no ponía tanta plata seguía preso y me iban a llevar a Devoto. Eso lo hizo el fiscal Benito Pont, mandado por otra persona”.
La repregunta no se hizo esperar: “¿Sabe quién es esa persona?”. La repuesta fue corta: “No, no la conocía”, dijo Niemiz, pero no dudó en reafirmar sus dichos de un trabajo en conjunto de “la señora Borda, el señor Benito Pont, quien manejaba el Juzgado en ese momento, Mora y Araujo y el señor Martínez Llano”.
Schaefer ahora pide que todo esto se investigue. “Nosotros advertimos la gravedad que tiene esta organización delictiva de decir que uno de los miembros se manejaría con gente importante para apretar a personas, eso fue uno de los determinantes para que se pida la revocación de la excarcelación”, relató el fiscal.
“Se tiene que investigar la parte penal sobre la actuación del secretario del juzgado federal de Paso de los libres, José Luis Mora y Araujo. Casualmente se le traspapelaron todos los expedientes de arrepentidos en la causa”, denunció.
El día del allanamiento, 14 de noviembre de 2013 en las estancias Santa María del Aguapey y Santa Úrsula, linderas entre ellas, la Gendarmería incauto 329 kilos de cocaína de máxima pureza, por un valor de 35 millones de pesos. Hoy, los imputados que están sindicados como integrantes de una organización que traficaba una tonelada de cocaína por semana son once. Hay involucrados de Paraguay, Brasil, Perú y Argentina. La organización transnacional ingresaba cocaína a nuestro país, mediante vuelos clandestinos dos veces a la semana, lo que hace presumir que por semana se ingresaba casi una tonelada de cocaína que luego era trasladada a Buenos Aires en distintos vehículos por la ruta nacional 14.
Las estancias Santa María de Aguapey y Santa Úrsula están cerca de la ruta provincial 42 en la localidad de Santo Tomé, a 395 kilómetros de la capital de Corrientes. En los papeles pertenece a una mujer de apellido Calabrese, que es una de las juzgadas. Allí, además de la cocaína y armas se hallaron cuatro avionetas y un camión cisterna con combustible para reaprovisionamiento de los vuelos.
Fuente: Diario La República
Jueves, 30 de marzo de 2017
