POR NICOLAS TOLEDO
El gobierno provincial y el triunfo menos deseado
Luego de la justa reacción generalizada en contra del tarifazo energético, que se tradujo en varios recursos de amparo presentados por particulares y asociaciones civiles y gremiales, el Ejecutivo salió a responder, una vez más, de la peor manera posible: con la provocación.
Esta vez fue el turno del plenipotenciario ministro Enrique Vaz Torres- uno de los más conspicuos espadachines verbales del gabinete de Ricardo Colombi- de tratar de apagar los incendios del rechazo popular contra una medida que multiplicó de manera absurda los montos a abonar por la factura por el servicio eléctrico. En esa línea, Vaz Torres denostó públicamente a Miguel Alegre, quien desde la Defensoría del Pueblo motorizó una de las medidas de amparo, diciendo que “es pura alharaca lo del Defensor del Pueblo, que sabe que se va después de una gestión lamentable y entonces hace estas cosas”.
Lo que Vaz Torres parece olvidar es que “esas cosas” que hace Alegre fueron apoyadas por la gran mayoría de la sociedad, que no ve otra forma de canalizar la frustración ante una suba infundada y arbitraria al verse totalmente huérfana de legítimos canales de reclamo administrativo por parte de un gobierno que hace de la prepotencia y del ninguneo del disenso política de Estado. En tal sentido, Vaz Torres adujo que “...sabe (la Asociación de Usuarios y Consumidores, quien también adhirió a la acción judicial) que con la audiencia pública realizada hace dos años se cumplieron con todos los requisitos”. Claro que olvida mencionar que en esa audiencia pública realizada en Bella Vista, y en la que el oficialismo se encargó de aportar todos los impedimentos para evitar que la concurrencia ciudadana fuera masiva- falta de difusión de la convocatoria, lejanía geográfica de la capital, ausencia de autoridades relevantes- el repudio al incremento tarifario fue unánime, excepción hecha de los funcionarios de segunda línea que lo apoyaron vehementemente.
El verborrágico Vaz Torres también sintoniza a la perfección con otro de los pilares dogmáticos del gobierno provincial: la atribución sistemática y sostenida de culpas por la falta de gestión a factores externos al propio gobierno. La Nación “...tomó decisiones anteriores importantes sobre una provincia teniendo en cuenta cuestiones políticas y no de acuerdo a una cuestión racional... El desembolso del acuerdo firmado el año anterior era de 182 millones y giraron 18 millones de pesos”, según su análisis que omite los múltiples acuerdos y refinanciamientos de deuda con los que la Rosada correntina sobrevive a su incapacidad de generar y sostener recursos propios fuera de los subsidios del Estado nacional.
También, en una extraña lógica de gurú de autoayuda, vaticinó que “El problema del costo del cargo fijo es el escalón alto hoy, pero puesto en el tiempo no afectará tanto”, lo cual es más o menos como decir que la cura de una enfermedad terminal es la llegada de la muerte.
Pero el punto que genera mayor escozor es cuando, desafiante, deja en claro que no habrá marcha atrás con el actual aumento, para remachar diciendo que “las presentaciones en la Justicia nos siguen dando la razón”.
El actual contexto sitúa al gobierno empleando todos los medios para defender una medida impopular, empresa en la que de salir bien parado perjudicará a la masa social en su totalidad.
La percepción de esta masa social, justamente, es la que ve un negro panorama para los correntinos si la única acción concreta y efectiva de la que puede ufanarse su gobierno es una medida que mengua aún más su alicaído poder adquisitivo y coloca a muchas familias al borde de la marginalidad, encareciendo hasta el absurdo un servicio público fundamental para la subsistencia como la energía eléctrica, sin mencionar al impacto en el comercio y la pequeña empresa.
En la pulseada que divide las aguas sin matices entre el gobierno y la sociedad, el primero tiene todas las intenciones de hacer prevalecer su decisión dando la espalda a los ciudadanos y sin importar el costo que deba enfrentar. La premisa del Ejecutivo es evidente: ganar la batalla contra los usuarios a cualquier precio. Y ese sería un triunfo para el oficialismo que, indudablemente, nadie celebrará.
Nicolás Toledo
Lunes, 20 de abril de 2015
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