TRAS LA DENUNCIA POR VIOLENCIA LABORAL
Actuaciones por el caso de la fiscal Roxana Romero
(23/10/2014) En ámbitos tribunalicios auscultados por EL LIBERTADOR, trascendió que la Fiscalía de Instrucción Nº 4 a cargo de la doctora Sonia Meza, ya se encuentra substanciando algunas actuaciones en el caso de la fiscal Nº 1 de Paso de los Libres, Roxana Romero, acusada por el gremio judicial de violencia laboral. Y si bien no realizó una acusación directa contra la funcionaria por el fallecimiento de uno de sus empleados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) se encarga de subrayar que el contexto en que se desempeñaba agravó la patología que lo llevó a la muerte.
Están a cargo de la fiscal de Instrucción Sonia Meza. Piden urgente solución para la familia del empleado judicial libreño fallecido.
Consultado el secretario general del gremio, Telmo Fernández, sobre el estado de la denuncia que formalizara ante el Consejo de la Magistratura por el caso Romero, le confirmó a EL LIBERTADOR que efectivamente tenía conocimiento que "ayer se estaban sustanciando algunas actuaciones" en el ámbito de la Fiscalía de Instrucción Nº 4.
Sin embargo, no pudo adelantar resultados concretos debido al secreto del sumario que se impone sobre esa investigación.
Empero, Fernández puso el acento sobre el costado humanitario de este tema. "El compañero fallecido -dijo- dejó una viuda y cinco hijos menores, que en estos momentos están sobreviviendo sólo con un subsidio que aportó la Municipalidad de Paso de los Libres".
"Más allá de la investigación, del tiempo que lleve y de los resultados, que esperemos que sean los justos, lo que nos parece más urgente es resolver la dramática situación de esta familia", remarcó el gremialista.
Recordó en tal sentido que el Sitraj inició un expediente en el ámbito del Poder Judicial buscando que se tome a la viuda como empleada, para reemplazar el rol de único sostén del hogar que ostentaba su marido muerto. Aludió, en tal sentido, a casos análogos.
Una alta fuente del Poder Judicial consultada por este diario, recordó que ese caso era objeto de un sumario administrativo que estaba en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Con ello quiso remarcar que no era objeto de la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia, al margen de que el Consejo de la Magistratura -donde fue presentada la denuncia del Sitraj- está integrado por representantes del STJ (un titular, Guillermo Semhan y un suplente, Fernando Niz).
En ese caso, es el Consejo de la Magistratura como tal el que debe resolver, conforme a la investigación que realice, si habilita o no la vía del juicio político contra la fiscal Roxana Romero. Si habilitara, el caso pasaría a la instancia del Jury de Enjuiciamiento; de lo contrario, si no encontrara suficientes elementos acusatorios, todo terminaría allí y la Fiscal se reintegraría normalmente a sus funciones.
Secretaría vacante y autarquía
La Secretaría del Consejo de la Magistratura se encuentra actualmente vacante tras la renuncia de la doctora Silvia Esperanza, quien por otra parte es secretaria del Superior Tribunal de Justicia, es decir, que venía desempeñando un doble cargo.
Fuentes del Poder Judicial informaron a EL LIBERTADOR que hasta el momento sólo se realizó el concurso para cubrir el cargo de subsecretario del Consejo de la Magistratura, responsabilidad que recayó en el doctor Javier Vigliano. De esta manera, Vigliano está actuando como secretario subrogante, hasta la cobertura de la Secretaría que venía desempeñando la doctora Esperanza.
Respecto del debate en torno a la Ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial -quienes no pocos dicen que sólo existe en los papeles-, el vocero judicial dio su explicación: "La autarquía se cumple. Pero hay que entender que autarquía no significa apoderamiento. Somos autárquicos respecto a los fondos que administramos. Por ejemplo, durante 2014 hemos tenido un presupuesto de 861 millones de pesos. Esa suma la utilizamos autárquicamente, nadie nos dijo cómo teníamos que usarlos".
Admitió, empero, que "lamentablemente, fue una suma que no nos alcanzó. Por eso hemos tenido que gestionar refuerzos de partida".
Indicó que "para 2015 ya hemos planteado una necesidad de 1.750 millones de pesos. Esta es una suma que probablemente supere el 6,27 por ciento que establece la Ley de Autarquía. Pero ese porcentaje es un 'piso', no un techo. Es decir que, de acuerdo a nuestras necesidades, podemos plantear una suma superior". Explicó que en algún momento "se hablaba de un Presupuesto provincial para 2015 de alrededor de 14 mil millones de pesos. Frente a ese número, los 1.750 millones que pide el Poder Judicial superan el 6,27 por ciento de la Ley de Autarquía".
(El Libertador)
Jueves, 23 de octubre de 2014